El Ministerio Público se sumó este jueves al creciente escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público. En un comunicado oficial, la institución reconoció que 42 de sus funcionarios, entre ellos 10 fiscales, realizaron viajes al extranjero mientras estaban con licencia médica por presuntos problemas de salud.
La revelación sitúa al órgano persecutor en el centro de una controversia de gran magnitud que ya involucra a diversos estamentos del Estado, incluidos ministerios, gobiernos regionales, corporaciones municipales y otros organismos públicos.
Según el informe emitido por el Ministerio Público, estas irregularidades se detectaron en 11 fiscalías regionales. La información fue remitida a cada una de ellas para que se inicien los procesos disciplinarios y sanciones correspondientes.
Este episodio se enmarca en una investigación más amplia liderada por la Contraloría General de la República, que recientemente informó que, entre 2023 y 2024, más de 25 mil trabajadores públicos salieron del país o realizaron actividades incompatibles con su estado de salud declarado.
Durante una sesión ante el Congreso Nacional, la contralora Dorothy Pérez explicó que los datos fueron obtenidos mediante el cruce de información entre la Superintendencia de Seguridad Social, encargada de los gastos por incapacidad laboral, y los registros migratorios de la Policía de Investigaciones.
El Congreso también se ha visto involucrado. La Cámara de Diputados anunció la apertura de investigaciones para esclarecer si legisladores podrían haber incurrido en estas prácticas.
Por su parte, el Ministerio de Salud señaló que lleva adelante una indagación más profunda para determinar el origen de los certificados médicos involucrados y si existe tráfico o falsificación de documentos.
Hasta fines de mayo, las cifras oficiales daban cuenta del inicio de 6.592 sumarios administrativos en 131 servicios públicos, con un total de 1.102 trabajadores desvinculados de la administración del Estado.
El caso continúa desarrollándose y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción y abuso de licencias médicas en la historia reciente del país.