A pocos días de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el destino del controvertido proyecto minero-portuario Dominga, 53 diputadas y diputados levantan una fuerte advertencia sobre sus implicancias ambientales, institucionales y éticas. Lo que está en juego, señalan, no es solo un emprendimiento económico, sino el tipo de país que Chile quiere construir.
En una declaración pública categórica, más de medio centenar de parlamentarios oficialistas y de oposición expresaron su “profundo rechazo” al avance del proyecto Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Para las y los firmantes, el proyecto representa una amenaza directa a uno de los ecosistemas más valiosos del planeta, el Archipiélago de Humboldt, y al mismo tiempo, un retroceso democrático al estar ligado a redes de corrupción, captura institucional y conflictos de interés.
“El proyecto Dominga es pan para hoy para los poderosos, y hambre para mañana para la biodiversidad y la democracia”, sentencian.
La zona donde pretende instalarse el proyecto alberga al 80% de los pingüinos de Humboldt, además de delfines, ballenas y una biodiversidad única. Expertos advierten que cualquier alteración en este frágil equilibrio ecológico sería irreversible. Pese a estos antecedentes, el proyecto ha sido reactivado, ahora con la venia de una Corte Suprema que mantiene entre sus jueces a Jean Pierre Matus, cuestionado por no haberse inhabilitado pese a su vínculo con un abogado relacionado con Andes Iron.
La controversia no termina ahí. El proyecto Dominga ha sido rechazado tres veces por el Comité de Ministros y cuenta con informes técnicos desfavorables de CONAF y el SEA. Sin embargo, su avance ha sido facilitado por una serie de maniobras legales que, a juicio de los diputados, reflejan un preocupante grado de captura institucional. Señalan también la existencia de vínculos con casos emblemáticos de corrupción, como el Caso Penta, los Pandora Papers y el escándalo Hermosilla, que reveló redes de tráfico de influencias que involucraban incluso al exfiscal Manuel Guerra.
“No estamos en contra de la minería”, aclaran. “Estamos en contra de una minería opaca, con reglas débiles y beneficios ficticios. Dominga no representa desarrollo real ni sustentable para La Higuera ni para el país”.
Más allá del impacto local, la declaración advierte que el fondo del debate es político y ético: ¿Se impondrán los intereses económicos de grandes grupos por sobre el bienestar común, el medioambiente y la transparencia institucional?
La resolución de la Corte Suprema marcará un precedente: puede abrir la puerta a un modelo extractivista impune o ser un punto de inflexión para repensar el desarrollo con respeto por la naturaleza, la democracia y la equidad territorial.
Los 53 diputados firmantes, entre quienes se encuentran Carolina Tello, Daniel Manouchehri, Carmen Hertz, Emilia Schneider, Jaime Naranjo y Karol Cariola, hacen un llamado urgente a detener el avance de Dominga y abrir un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo que necesita Chile.
“Lo que está en juego es mucho más que un proyecto minero. Es el tipo de país que queremos ser. Uno donde el dinero imponga su ley, o uno donde el futuro y el interés público estén por sobre todo lo demás”, concluyen.