Jorge Muñoz fue una de las víctimas del Caso Conferencia , una de las mayores operaciones de represión contra el Partido Comunista durante la dictadura, en la que fue detenido, torturado y desaparecido por la DINA en mayo de 1976.
Jorge Muñoz Poutays, miembro del Comité Central del Partido Comunista, esposo de la histórica dirigente Glady Marin, fue detenido en 1976 en la calle Conferencia, en un operativo realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional que también afectó a otros dirigentes comunistas.
El 4 de mayo de dicho año, alrededor de las 20:30 horas, Muñoz fue secuestrado junto a Mario Zamorano Donoso, Jaime Donato Avedaño, Uldarico Donaire Cortés y Elisa Escobar Cepeda, pertenecientes a la primera directiva del partido. Tras su detención, fue trasladado al centro clandestino de detención Villa Grimaldi y posteriormente al Cuartel Simón Bolívar, último paradero del que se tuvo rastro suyo.
Para entonces, el Ministerio del Interior negó la detención de los afectados; desde Chile se informó a las Naciones Unidas que Mario Zamorano y JorgeMuñoz habían abandonado el territorio nacional con destino a Argentina el 13 de mayo de 1976, lo cual fue desmentido por las autoridades argentinas. Por otro lado, según lo informado por Dinacos en declaraciones públicas emitidas el 14 y 17 de julio de 1976, en mayo de ese año se detectó el funcionamiento de varias “casas buzones” del Partido Comunista.
Años después, en 1998, Gladys Marín, entonces secretaria general del Partido Comunista, presentó la primera querella judicial contra el dictador Augusto Pinochet, dando inicio a una investigación que en 2000 inició judicialmente bajo el rol 2182-98, con la participación de distintas víctimas de la represión de la dictadura.
El encargado de investigar los crímenes ligados con la DINA fue el juez Juan Guzmán, quien estableció que tanto Muñoz como los otros militantes del Partido Comunista fueron secuestrados y torturados en la Brigada Lautaro..
En un fallo clave, el 21 de febrero de 2025, la Corte Suprema de Chile confirmó la condena a 30 exagentes de la DINA por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Muñoz y los otros militantes del Partido Comunista. La sentencia, que rechazó los recursos de casación presentados por los imputados, confirmó que estos crímenes constituyen delitos de lesa humanidad.