En una nueva muestra de cómo el lobby empresarial sigue marcando el rumbo de la política pesquera en Chile, la Comisión Mixta del Congreso zanjó el llamado proyecto de fraccionamiento de la merluza común con un acuerdo que perpetúa el legado de la cuestionada y corrupta Ley Longueira. El reparto aprobado —55% para el sector industrial y 45% para el artesanal— se presenta como un avance, pero no hace más que consolidar el dominio de las grandes pesqueras y relegar, una vez más, a los pescadores artesanales.
La supuesta fórmula de “equilibrio”, como la calificó el presidente de la Comisión, el senador Fidel Espinoza, en realidad encubre una derrota para el mundo artesanal. La promesa de justicia, tras años de movilización y demandas de equidad en el acceso a los recursos marinos, fue nuevamente sacrificada en nombre de la estabilidad empresarial. Y es que, en este país, la estabilidad no parece significar otra cosa que mantener intactos los privilegios del gran capital.
Pese a los esfuerzos de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal y sus llamados urgentes al Parlamento para avanzar hacia una distribución más justa —incluso planteando una fórmula de 53% para los artesanales—, el acuerdo se cerró en favor de la industria, que no dejó de ejercer presión en cada paso del debate. Con amenazas de despidos masivos, cierre de plantas y advertencias sobre la inversión, las grandes pesqueras, agrupadas en Sonapesca, lograron torcer la voluntad de varios legisladores.
El resultado de este nuevo fraccionamiento no solo mantiene la desigualdad estructural entre la pesca artesanal e industrial, sino que la profundiza en otros recursos. Para el besugo, especie acompañante de la merluza, se acordó un reparto aún más brutal: 95% para el sector industrial y apenas un 5% para el artesanal, justificando la medida en la “profundidad del recurso”. ¿Profundidad científica o profundidad del lobby?
Mientras tanto, empresas como PacificBlu celebran haber conseguido “condiciones mínimas para la sostenibilidad” de su negocio y descartan el cierre anunciado semanas atrás. Es decir, el chantaje funcionó. Aun así, Sonapesca sigue llorando por la leche derramada, acusando un “grave precedente para la inversión” y elevando cifras millonarias para dramatizar la transferencia de recursos al sector artesanal.
La tramitación del proyecto tampoco estuvo libre de irregularidades. El propio senador David Sandoval puso en duda el tratamiento del informe financiero y su adecuación reglamentaria, dejando en evidencia la fragilidad del proceso legislativo frente a intereses poderosos. La medida de establecer una patente especial de 1,3 UTM por tonelada para la cuota internacional de jurel es apenas un parche para compensar la reducción en la recaudación, según Hacienda.
En definitiva, esta reforma no representa una victoria para la pesca artesanal. Representa una claudicación. El Estado sigue administrando el mar como si fuera propiedad privada de un puñado de empresas que, con abogados y operadores bien posicionados, logran dictar la norma. Lo más grave es que el Congreso se vuelve cómplice de esta captura regulatoria, avalando un sistema injusto que condena a los pescadores artesanales a sobrevivir en los márgenes.
La historia se repite. Lo que parecía una oportunidad para avanzar en justicia social y reparación, termina convirtiéndose en una victoria más para el empresariado, y en una nueva página del manual del engaño legislativo. La Ley Longueira sigue viva. Y el mar, cada vez más lejos de quienes lo han habitado por generaciones.