«El Partido Comunista de Magallanes denuncia la incapacidad del Gobierno Regional, y de la gestión municipal de Punta Arenas, para enfrentar la pandemia y la crisis social que durante los últimos 4 meses afecta particularmente a la la capital regional de Magallanes.
Hoy resulta evidente que los instrumentos asociados a la medición de la pobreza, como el Registro Social de Hogares (RSH), no han sido lo suficientemente flexibles y ágiles para adecuar sus criterios de calificación frente a la coyuntura económica y social, transformándose en consecuencia en herramientas obstaculizadoras de un proceso que debería caracterizarse por la celeridad de su intervención.
Desde el trabajo remoto funcionarias de la municipalidad solicitan documentos perfectamente escaneados y nítidos, sin considerar que estos son fotografiados y enviados con dificultad desde teléfonos móviles por vecinos angustiados y rodeados de carencias, incluso adultos mayores poco habituados a la tecnología. La obligatoria actualización del RSH, se convierte así en el primer escollo a superar para poder solicitar cualquier ayuda.
Es público y notorio que estos instrumentos son manipulados, pero no para favorecer a quien más lo necesita. Hay personas que tienen puntaje dentro del 40% más vulnerable y su sistema previsional es CAPREDENA o DIPRECA. Así reciben beneficios de JUNAEB, siendo beneficiarios de almuerzos escolares y ahora en pandemia, de otros aportes.
El 15 de mayo se decreta cuarentena obligatoria para adultos mayores de 75 años. Sin embargo, no se entregó solución al tema de los pagos de pensiones, las necesarias compras, los pagos de suministros. No se generó estrategia alguna para que el adulto mayor pueda mantener una cuarentena, sin tener que enfrentar por sí mismo estos trámites imprescindibles para la vida cotidiana. En este sentido, de mal gusto y hasta cruel nos parece que SENAMA disponga el fono 800 4000 35 para orientación y contención emocional.
La falta de trabajo ha generado para muchos vecinos la imposibilidad de pagar el alquiler de las viviendas. El municipio entrega un subsidio de arriendo que no cubre la totalidad y que es absolutamente insuficiente. Además son recursos
que se entregan con mucho retraso, ya que es requisito necesario tener dos o más meses de deuda.
El municipio asigna dos trabajadoras sociales por distrito, lo que es del todo ineficiente si consideramos que cada distrito considera 3 a 4 poblaciones. Además se mantiene una lógica de evaluación social a través de informes, que genera aún mayor tardanza a la respuesta que esperan las familias de la comuna. En esto también se observa nula coordinación de la Municipalidad con dirigente sociales.
A esto se suma que no se responden correos electrónicos, no contestan celulares o simplemente los apagan. Así solo se crea un problema adicional a las personas que requieren ayuda, las que hoy muestran síntomas de desgano, desesperación y desesperanza aprendida entre otros, frente a la habitual desidia de las autoridades de gobierno regional y local en estas materias.
Asunto aparte es la realidad de migrantes extranjeros que por un cúmulo de situaciones particulares, y otras de carácter institucional, hoy se encuentran en total abandono, sólo dependiendo del esfuerzo que realizan las organizaciones sociales, especialmente sus propias asociaciones de migrantes.
Triste es constatar que cuando llegaron a la región, fueron acogidos como la mano de obra barata; en muchos casos fueron víctimas de la explotación y abuso por sus exiguos recursos. Obligados a pagar caros arriendos por recintos muy deficientes. Todo con la complicidad de la autoridad. Ahora en difíciles momentos, estos trabajadores y trabajadoras, deben recurrir a la caridad y sufrir inclusive el atropello de Carabineros de Chile y la lamentable incomprensión de muchos chilenos.
En educación, los colegios y liceos municipales dan cuenta de bajísimos niveles de conectividad en los hogares, en algunos casos, del orden de apenas un 15% de hogares con internet. Aun así, no hay una política pública interesante y motivadora que involucre a medios de comunicación, empresas y SEREMI de Educación para llegar con ciertos contenidos y materias a los hogares. ¿Que los estudiantes retiren un apunte en el colegio es todo lo que el Estado puede hacer por la educación?
Constatar el alza de precios, en especial en los alimentos más consumidos por la comunidad, es un asunto cotidiano y sabemos cuál será la respuesta: “ es el libre mercado”. Libre mercado para el aprovechamiento de grandes comerciantes, bancos y empresas de servicios básicos. Esta lista de situaciones
conocidas por nuestro Partido, y que de por sí es incompleta, puede ser complementada con el testimonio de al menos una veintena de organizaciones de distinto tipo, que desarrollan apoyo social en diversos sectores y a diferentes segmentos de la comunidad puntarenense.
Tal vez uno de los más duros relatos que podemos conocer hoy, es el de los padres y madres trabajadoras que nunca antes se vieron en la obligación de pedir ayuda, o tener que recibir apoyo y algo tan básico como un plato de comida para sus hijos e hijas.
Son los y las trabajadoras de nuestra comuna las más golpeadas por esta crisis social. No son seres anónimos que califiquen en los engorrosos e ineficientes instrumentos de medición de pobreza. No son flojos o irresponsables, mucho menos es la generalidad el aprovechamiento de la situación.
La desigualdad de nuestra región se refleja justamente en que son trabajadores y trabajadoras quienes se consideran personas vulnerables o pobres. Contradictorio, pero real y desde mucho antes de la pandemia.
Expresar nuestra opinión frente al abuso es del todo necesario para nuestra militancia, nuestros amigos y simpatizantes, pero por sobre todo para quienes sufren hoy del abandono de autoridades electas y designadas, sin excepción.
Esta mirada surge de la opinión recogida entre quienes hoy circulan las calles y barrios de la ciudad. Es el sentir de adultos mayores, obligados a guardar cuarentena olvidados por el Estado, en modestas viviendas de la ciudad, en sectores rurales y en el periurbano. Ahí llegan los voluntarios con víveres y leña, allí procuran llegar los familiares que también viven carencias. Allí no llega el Estado, salvo para entregar una respuesta negativa por no cumplir con los requisitos.
Mientras el Gobierno Regional organiza mesas virtuales que evidentemente tienen solo resultados virtuales, y el Intendente se reúne con partidos políticos que representan menos del 2% de la comunidad, en Natales los jubilados del Turbio viven la incertidumbre ante la imposibilidad de ir a cobrar sus pensiones al vecino país. Nada se ha hecho frente a esto, lo que una vez más, da cuenta de su incapacidad para relacionarse de manera efectiva y concreta con organizaciones sociales y resolver los más básicos problemas de la población.
En Magallanes todo ocurre en la lógica de poner en marcha los instructivos presidenciales y ministeriales, como si Sebastian Piñera y alguno de sus ministros tuviese la mínima noción de lo que significa vivir en Magallanes en condiciones invernales y sin trabajo.
Todo lo expuesto aquí y muchos otros problemas tienen su origen en la indolencia gubernamental, en la tozudez de no querer liberar recursos económicos para que el 80% de las familias trabajadoras del país pueda observar una cuarentena digna y responsable, sin tener que sumirse en la pobreza.
Todo lo aquí dicho es el resultado de un Gobierno Regional que ve por televisión y por las redes sociales como transcurre la pandemia y sus coletazos en la región. Sin la menor iniciativa local que valga la pena destacar. Sin que nadie se cuestione, ni por un minuto, la permanencia en cargos que nunca antes habían tenido una tan baja valoración, y un mayor desconocimiento por parte de la ciudadanía. Consecuencia natural de una gestión que se puede superar fácilmente con la instalación de un buzón en la Plaza de Armas para recibir ahí las minutas santiaguinas.
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
REGIONAL MAGALLANES.»