Andrés Solimano Doctor en Economía, MIT
El acuerdo, o “marco de entendimiento”, firmado el 14 de junio del 2020, a altas horas de la noche, entre representantes de tres partidos de oposición y el Ministerio de Hacienda define un nivel de recursos para enfrentar la pandemia y un eventual programa de reactivación económica, con un marco temporal de 24 meses. Este acuerdo aun no pasa por las instancias de discusión democrática del parlamento, aunque a esta altura ya se pueden hacer varios comentarios al contenido publicado del mismo:
- Se mantiene la lógica de los acuerdos a “puertas cerradas”. Un primer comentario se refiere al simbolismo de los acuerdos en que las cosas se deciden antes de entrar al parlamento, práctica que el país ya ha observado por muchos años. Esta vez es el turno del ministerio de hacienda, economistas de buena voluntad y las dirigencias políticas. Es notoria, sin embargo, la ausencia en este acuerdo de una amplia gama de instituciones de la sociedad civil, otros partidos o bloques políticos, movimientos sociales y grupos independientes.
- Si bien es un avance que haya mas consciencia sobre la urgencia de inyectar mas recursos a la economía en la actual crisis sanitaria, económica y social es importante notar que estos recursos van a llegar, acuerdo mediante, con bastante tardanza ya que la pandemia alcanzó a Chile a fines de febrero. Se han perdido prácticamente, tres valiosos meses en que se podrían haber tomado las medidas que se presentan hoy en el acuerdo (y otras) para haber mitigado el enorme costo humano y social que la pandemia y sus secuelas económicas están ocasionando a la población chilena.
- El monto de los 12.000 millones de dólares definidos para el fondo de emergencia representa un 4 por ciento del producto interno bruto por 24 meses es mas bien modesto si se analiza en un contexto adecuado. Por un lado, las proyecciones de caída del PIB para el 2020 de la OCDE, ahora refrendadas por el Banco Central, están en un rango de 5.5 y 7.5 por ciento. En marzo de este año, el Banco Central proyectaba para el 2020 una reducción del PIB de solo 2.3 por ciento, la que ha probado ser una clara subestimación de la crisis económica que estaba en gestación. Estas proyecciones del instituto emisor seguramente influyeron en la lentitud que mostró el ejecutivo sobre la necesidad de tomar medidas contra- cíclicas y de mitigación contundentes para hacer frente a la crisis durante los meses de marzo, abril y mayo. El paquete fiscal propuesto por el acuerdo tampoco es muy generoso si se compara con apoyos fiscales en otros países. Si consideramos a África Sub-Sahara, encontramos que el gobierno de Sudáfrica, país con un menor nivel de desarrollo que Chile, aprobó ya en abril un programa fiscal de apoyo a familias y empresas de 7.5 por ciento del producto interno de ese país.
- En Latinoamérica, en que la mayoría de los países no cuentan con los fondos soberanos de Chile, incluso algunos como Argentina están sin acceso a los mercados internacionales de crédito y otros sujetos a diversas crisis, incluyendo activos bloqueos económicos, el programa chileno no es de los mas generosos teniendo en consideración los recursos de que dispone o puede acceder a costo muy razonable el Estado chileno. En la OECD, grupo al que Chile pertenece, los paquetes fiscales se acercan en varias naciones al 10 por ciento del PIB.
- El acuerdo, según testimonios recibidos directamente de alcaldes y alcaldesas, estaría dejando muy desprotegidos financieramente a los municipios que están en la primera línea del apoyo a la población dada las limitaciones de llegar a la gente por parte del gobierno central. Estos personeros apuntan a enormes déficits presupuestarios del municipio y alertan de posibles cesaciones de pagos de sus entidades edilicias.
- El acuerdo tiene una lógica decididamente financiera y no se refiere con fuerza a la enorme debilidad administrativa que tiene el Estado chileno actual para llegar rápido a la gente ya sea con subsidios monetarios y/o con entrega directa de alimentos. El porcentaje de la población elegible que ha recibido el bono Covid, exiguo en su valor y duración, es muy bajo según las alcaldías. Algo similar es esperable que ocurra con el ingreso familiar de emergencia, IFE, (por tres meses) que es una pieza central del nuevo acuerdo.
- El monto propuesto para el IFE de $ 100.000 por persona, si bien es mayor que el bono Covid, es aun inferior a la línea de pobreza individual, cercana a los $125.000. En una tradición muy propia de nuestro país en materia de política social, los montos que se definen muchas veces no permiten que el beneficiario alcance las líneas de pobreza que fija el mismo Estado chileno. Esto sucede, sin ir mas lejos, con el monto del IFE propuesto en el acuerdo que comentamos.
- Por mas de cuatro décadas en Chile, bajo diversos gobiernos, ha prevalecido la doctrina de la “focalización de los beneficios sociales” que hoy muestra su alarmante inoperancia. Acceder al registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social es costoso en tiempo y gastos por la múltiple documentación requerida, la que es mas difícil de conseguir en una época de cuarentenas.
- También hay reportes frecuentes de que se estarían subiendo los puntajes para evitar que mas gente acceda a beneficios, afectando a los sectores necesitados de la población que son muy amplios. En efecto, el mundo se ha enterado, con sorpresa, de que había mucha mas pobreza y vulnerabilidad social en Chile, nación de la OCDE que se presentaba internacionalmente casi como un “país desarrollado”. Es hora de abandonar la “focalización” y pasar a una política social decididamente universalista, expedita y no sujeta a la parálisis que produce las múltiples trabas y exclusiones existentes para obtener los beneficios sociales.