Movilh denuncia retroceso en derechos humanos y llama al Gobierno a resistir un documento “sin fuerza legal y profundamente ideológico”
En una polémica y tensa sesión, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el Informe de la Comisión Especial Investigadora N°57, el cual contiene una serie de recomendaciones que, a juicio de organizaciones de derechos humanos, vulneran gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, el texto fue calificado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) como un “brutal acto de negación de la identidad que margina y humilla”.
El informe solicita, entre otras medidas, derogar la Circular N°812 de la Superintendencia de Educación, que protege el uso del nombre social en contextos escolares; modificar la Ley de Identidad de Género para que la autonomía progresiva de menores trans quede supeditada completamente al criterio de los adultos; eliminar el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y prohibir cualquier tipo de tratamiento hormonal en menores de 18 años, sin excepciones.
Desde el Congreso Nacional, donde presenciaron la votación, representantes del Movilh expresaron su profundo rechazo al informe. Rolando Jiménez, dirigente histórico de la organización, denunció que lo aprobado representa “un retroceso gravísimo en derechos humanos” y una “bofetada” en plena Semana contra la Homo/Transfobia. “La aprobación de este informe transfóbico no solo ignora evidencia científica nacional e internacional: ignora la existencia real de niñas, niños y adolescentes trans que merecen un Estado que los proteja, no que los violente”, afirmó.
Jiménez criticó además la contradicción de quienes votaron a favor del texto. “Han vulnerado incluso el principio que dicen defender: el derecho preferente de padres y madres sobre sus hijos. Ahora están promoviendo que esos mismos adultos no puedan decidir, junto a profesionales, qué es lo mejor para la salud de sus hijos trans”, advirtió.
Por su parte, Javiera Zúñiga, vocera del Movilh, subrayó que el informe aprobado no tiene carácter vinculante ni fuerza legal. “Esperamos que el Gobierno lo enfrente con firmeza y sin ambigüedades. Acatar este informe sería una señal tan transfóbica como clasista, porque quienes más sufrirán serán las personas que dependen del sistema público de salud, mientras el sector privado seguirá ofreciendo los mismos servicios”, señaló.
Zúñiga explicó que las recomendaciones contenidas en el documento representan una amenaza directa al bienestar de las infancias trans. “Eliminar el nombre social en las escuelas margina e invisibiliza. Someter la identidad de género de los menores al control absoluto de los adultos no es protección: es dominación. Suprimir el PAIG deja a familias sin acompañamiento ni herramientas. Y prohibir los tratamientos hormonales sin distinción alguna es ignorar la experiencia médica, psicológica y vital de quienes necesitan atención urgente”, sostuvo.
La organización anunció que resistirá la medida por todas las vías posibles, tanto a nivel nacional como internacional. “No nos rendiremos. Esta decisión será denunciada en todos los espacios. La enfrentaremos desde las organizaciones, desde las familias, desde las escuelas, desde la calle”, concluyó el Movilh, informando que próximamente convocará a manifestaciones públicas.
La aprobación del informe ha generado preocupación en diversos sectores sociales, que ven en esta decisión un peligroso precedente de regresión en los derechos conquistados por la diversidad sexual y de género en Chile.