La Asociación Americana de Juristas (AAJ), una organización no gubernamental con estatus consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra, ha emitido un comunicado expresando su profunda preocupación por las «múltiples irregularidades e indicios de fraude» que han rodeado el proceso electoral ecuatoriano del 13 de abril de 2025.
En un comunicado emitido el 12 de abril de 2025, la AAJ exigió el restablecimiento inmediato del orden constitucional, el estado de derecho y el respeto a los principios democráticos en Ecuador. La organización también solicitó a los organismos internacionales tomar medidas urgentes para garantizar la integridad del proceso electoral y la protección de los derechos fundamentales de los ecuatorianos.
La AAJ hizo un llamado a la sociedad civil y a la comunidad internacional para mantenerse vigilantes en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. Además, exhortó al presidente Daniel Noboa a derogar el «inconstitucional y antidemocrático decreto 599» y a la comunidad internacional, organizaciones de juristas y de la sociedad civil a pronunciarse, condenar y monitorear la situación en Ecuador.
El comunicado de la AAJ destaca que el proceso electoral del 13 de abril de 2025 no solo constituye una amenaza al orden constitucional y democrático, sino también una grave infracción al derecho del pueblo ecuatoriano a elegir en condiciones libres y equitativas. La organización denunció un «fraude estructural» y señaló hechos constitutivos de fraude, incluyendo la falta de licencia sin remuneración del entonces presidente y candidato Daniel Noboa, y el uso de su posición presidencial para intervenir activamente en la campaña, abusando de recursos públicos y permitiendo la participación de ministros de Estado en actos proselitistas.
La AAJ concluyó su comunicado exigiendo al órgano electoral que separe del poder y tome medidas para garantizar la transparencia y equidad en el proceso electoral ecuatoriano. La organización reiteró su compromiso con la defensa de la democracia y el estado de derecho en la región.