Este 3 de junio de 2025 se cumplió un año desde la injusta privación de libertad de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. En este contexto, un grupo de 500 juristas, acompañado de académicos, defensores de derechos humanos y personalidades del mundo político y cultural de distintas partes del mundo, ha suscrito una Declaración Pública que denuncia la naturaleza política de su prisión preventiva, exige su liberación inmediata y alerta sobre el uso instrumental del sistema judicial para la neutralización de adversarios políticos en Chile.
La declaración ha sido firmada por personas provenientes de Chile, Brasil, Argentina, España, Australia, Suecia, Noruega, Canadá, Perú, Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, Portugal, Italia y Bélgica, lo que evidencia su carácter internacional y el amplio respaldo que ha generado en diversas regiones del mundo.
Entre las personalidades firmantes se destacan:
• Raúl Zaffaroni (Argentina), exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
• Manu Pineda (España), eurodiputado de Izquierda Unida y defensor internacional de derechos humanos;
• Enrique Santiago (España), jurista y diputado del Congreso de los Diputados por Madrid y secretario general del Partido Comunista de España;
• Carlos Margotta (Chile), expresidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH);
• Nelson Caucoto (Chile), abogado de derechos humanos y representante de víctimas de la dictadura;
• Kenarik Boujikian (Brasil), jueza jubilada y actual Secretaria Nacional en la Secretaría General de la Presidencia de Brasil;
• Manoel Caetano (Brasil), jurista y presidente de la Comisión de Ética Pública de la Presidencia de la República;
• Silvina Romano (Argentina), investigadora del CELAG y experta en lawfare;
• Hugo Gutiérrez (Chile), exdiputado y convencional constituyente;
• Mirna Perla (El Salvador), exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y reconocida defensora de derechos humanos.
También se cuenta entre las firmantes con:
• Larissa Ramina, profesora de derecho internacional y miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD – Grupo de Puebla);
• Referentes del mundo jurídico brasileño y miembros de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), como Tania Oliveira, Wilson Ramos Filho, el juez Hugo Cavalcanti Melo Filho, Gisele Cittadino y Cleide Martins Silva, presidenta de la Comisión de Lawfare del Colegio de Abogados de Brasil (Seccional Distrito Federal – OAB/DF);
• Ana Inés Algorta Latorre, jueza federal en Brasil y vicepresidenta del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU).
La declaración subraya que la investigación penal contra Jadue se ha intensificado en sincronía con los hitos del calendario electoral, y que la medida cautelar en su contra carece de fundamento legal y se mantiene como una pena anticipada, en abierta contradicción con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El documento advierte que esta situación vulnera gravemente los derechos políticos y civiles del afectado, y representa una señal de alarma para la democracia chilena, al privar a una parte significativa de la ciudadanía de una representación legítima.
“Exigimos el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho, el fin del uso indebido y políticamente instrumental del sistema judicial, y la liberación inmediata de Daniel Jadue”, concluyen los firmantes.
La causa
Este 3 de junio de 2025 se cumple un año desde que Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, fue privado de su libertad a través de una prisión preventiva que carece de sustento jurídico y que se enmarca en una persecución judicial motivada por intereses políticos evidentes. Las juristas y los juristas abajo firmantes, comprometidos con la defensa irrestricta de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, expresamos nuestra más profunda preocupación y enérgico rechazo ante esta grave situación.
Los indicios de motivación política en este caso son múltiples y consistentes. La investigación penal se intensificó inmediatamente después de que se hiciera pública su intención de postularse a la presidencia, y ha coincidido en cada una de sus etapas procesales con hitos clave del calendario electoral. Primero se forzó su salida anticipada del cargo de alcalde; luego, su privación de libertad lo inhabilita de hecho para desplegar cualquier tipo de campaña; ahora, la acusación fiscal se anuncia justo antes de la apertura del plazo legal para la inscripción de candidaturas presidenciales. Este patrón revela un uso estratégico del aparato judicial con fines de neutralización política.
El proceso que se sigue en su contra presenta serios cuestionamientos en cuanto al cumplimiento de garantías básicas del debido proceso y al principio de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público. La prisión preventiva decretada contra Daniel Jadue carece de los requisitos legales exigidos: no existen elementos concretos que indiquen peligro de fuga, obstrucción a la investigación ni riesgo para la sociedad. Jadue no ejerce más funciones públicas desde hace casi un año, y la entidad en torno a la cual gira la acusación —la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP)— ya no existe. Aun así, se mantiene privado de libertad de manera prolongada, configurándose lo que, en los hechos, constituye una pena anticipada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado reiteradamente que la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional y sujeta a un riguroso control judicial, nunca utilizada con fines punitivos ni para impedir el ejercicio de derechos políticos. La Corte reitera que los Estados deben abstenerse de aplicar medidas cautelares de manera abusiva para restringir el derecho a participar en asuntos públicos.
La situación de Daniel Jadue constituye, por tanto, no solo una violación a su derecho fundamental a la libertad personal y de tránsito, sino también una grave afectación a sus derechos políticos, consagrados en tratados internacionales suscritos por Chile. Además, priva de representación política a una amplia colectividad ciudadana que ve en él una alternativa legítima dentro del marco democrático.
Exigimos el inmediato restablecimiento del Estado de Derecho, el fin del uso indebido y políticamente instrumental del sistema judicial, y la liberación inmediata de Daniel Jadue.Denunciar una violación de las políticas