El abogado considera que cualquier interventor en Carabineros debe tener voluntad política para hacer una restructuración profunda que signifique sugeción completa a la autoridad civil, formación específica en DDHH, profesionalización y mecanismos de rendición de cuentas».
Por Rodrigo Alcaíno Padilla
Publicado en radiousach.cl
Tras la salida del general director de Carabineros Mario Rozas de la cabeza de la institución, Sin Tacos Ni Corbata conversó con Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos para hablar de las querellas presentadas contra el uniformado y el futuro de la policía uniformada.
«Los fiscales que han tenido la voluntad de cumplir con su función y agilizar los procedimientos, tratar de hacer avanzar las investigaciones han tenido serios problemas. En general tenemos un problema estructural que tiene que ver con la lentitud» señaló Margotta.
En relación al escenario que se configurá con el cambio en la institución policial, el abogado cree que «el problema de fondo es que Carabineros está siendo utilizado desde el inicio del estallido por el gobierno para enfrentar la demanda creciente y multitudinaria de los chilenos sobre la base de la represión. Lo que está por verse es si el gobierno va a seguir enfrentrando o va hacer un viraje».
«Pienso que lo central es saber la actitud del gobierno. Cuando el Presidente Sebastián Piñera al momento de aceptar la renuncia al general director habla del cariño, gratitud y admiración del trabajo realizado, estamos implicitamente ante un gobierno que avala, propicia, promueve y ampara las violaciones a los DDHH», sostuvo.
Margotta recordó que a partir de las recomendaciones para los estados postdictatoriales, Chile debía y debe enfrentar dos grandes desafíos: hacer cambios profundos de las FFAA y Carabineros, y generar cambios en los tribunales de justicia.
Ante la aprobación de un proyecto de resolución en la Cámara que solicita al Presidente Piñera designar un interventor civil en Carabineros, cree que lo central es que tenga la voluntad política de hacer una restructuración profunda que signifique sugeción completa a la autoridad civil, formación específica en DDHH, profesionalización y mecanismos de rendición de cuentas.
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