“No puede ser que a la gente se le fiscalice hasta para postular a un bono, pero las autoridades sigan amparadas por el secreto bancario”, señalaron los parlamentarios.
En respuesta directa a los casos de corrupción que han remecido al país, como el Caso Hermosilla y el escándalo de las fundaciones, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron el proyecto de ley denominado “Fin al Secreto Bancario del Poder”, que busca terminar con el blindaje financiero que hoy protege a más de 60 autoridades del Estado frente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La iniciativa modifica la Ley General de Bancos y la ley que crea la UAF, permitiendo a esta acceder sin orden judicial ni restricciones a la información financiera de parlamentarios, ministros, alcaldes, fiscales, jueces, generales, notarios y directores de empresas públicas.
“Después del caso Hermosilla y las fundaciones, ya no caben excusas. La corrupción no se enfrenta con discursos, se enfrenta con decisiones. Y este proyecto va al centro del problema”, afirmó el diputado Daniel Manouchehri.
“No puede ser que a la gente se le fiscalice hasta para postular a un bono, pero las autoridades sigan amparadas por el secreto bancario. Eso se acabó. La transparencia no puede tener excepciones”, agregó.
El proyecto establece una excepción permanente y preventiva al secreto bancario: no se requerirá una investigación penal previa. El acceso será directo, reservado para la UAF y enfocado exclusivamente en prevenir el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y el tráfico de influencias desde el Estado.
En ese sentido, Manouchehri apuntó: “No más operadores que se esconden detrás de trajes caros y cuentas intocables. No más redes de poder donde nadie responde”.
Asimismo, la diputada Daniella Cicardini sostuvo que “la UAF necesita herramientas reales. No puede seguir fiscalizando a ciegas. Si queremos recuperar la confianza, empecemos por abrir las puertas del poder y también sus cuentas”.
La propuesta se inspira en modelos internacionales como el COAF en Brasil, la UIF en Argentina y TRACFIN en Francia, donde las autoridades públicas están sujetas a controles financieros más estrictos, precisamente por la responsabilidad que implica el ejercicio del poder.
“Este proyecto no es contra nadie, es a favor de Chile. Si tienes un cargo público, no puedes operar en la sombra. Tu cuenta debe poder mirarse, igual que tus actos”, recalcó Cicardini.
La moción fue presentada también con las firmas de los diputados Marcos Ilabaca, Daniel Melo, Raúl Leiva, Juan Santana, Arturo Barrios, Ana María Bravo, Leonardo Soto, Nelson Venegas y Danisa Astudillo; respaldando la iniciativa que busca avanzar hacia una transparencia sin privilegios en las instituciones del Estado.