El 10 de octubre de 2024, la Fiscalía Nacional emitió un oficio informando la apertura de la investigación en contra de la fiscal Giovanna Herrera y las juezas Paulina Moya y Jessica González Troncoso, por posible prevaricación, montaje judicial, corrupción y fraude procesal en el denominado Caso Jadue. Lo anterior, tras la denuncia presentada por Roberto Merino el 19 de junio de 2024, al Fiscal Nacional Ángel Valencia.
«Demostrarían presiones políticas indebidas, injerencia entre Poderes del Estado y una red de corrupción judicial política y económica en contra del alcalde de Recoleta señor Jadue, además de garantizar impunidad para la comisión de delitos por parte de los señores Álvaro Castro, Óscar Doussang y César Ramírez a cambio de realizar perjurio para perjudicar al alcalde de Recoleta», se lee en la denuncia a la que El Ciudadano tuvo acceso.
El abogado patrocinante de la denuncia, Rodrigo Liberona, aseguró que esta denuncia en contra la fiscal Giovanna Herrera y la jueza Moya, ha enfrentado diversos obstáculos, especialmente por la demora en la designación de un fiscal para iniciar la investigación.
-Cuando se abre la investigación, evidentemente podemos decir a ciencia cierta que la investigación es por hechos planteados en la denuncia y que son contra la fiscal Giovanna Herrera por los presuntos delitos de corrupción y de prevaricación-, precisó Liberona.
Por lo tanto, se derivó la investigación al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, por lo que el denunciante concurrió a Rancagua a prestar declaración y ratificar su denuncia.
Por su parte, la Fiscalía Regional de O’Higgins confirmó la existencia de la investigación en contra de la fiscal Herrera.
Además, durante el 22 de enero se presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables por el delito de prevaricación, siendo acogida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
La denuncia fue interpuesta por el profesor Roberto Merino y la investigación se está desarrollando a cargo de la Fiscal de Alta Complejidad, Javiera Oros. El contenido de la denuncia incluye conflictos de interés de los fiscales (vínculos con USS en litigio contra Jadue y vínculos familiares con cadenas farmacéuticas competencia de Achifarp), así como cuestionamientos al proceder de la Fiscal Giovanna Herrera respecto al descarte selectivo de múltiples testimonios y peritajes que debilitan severamente la credibilidad de la tesis de fiscalía. Obviando el principio de objetividad. También cuestionamientos a la credibilidad de los testigos clave, que tienen denuncias y condenas previas por diversos delitos, como declaraciones falsas, contrabando aduanero y falsificación de documentos.