Julia Chuñil lideraba la reivindicación de las tierras de su comunidad y las protegía frente a la creciente deforestación del bosque nativo. A su familia y cercanos les había advertido sobre las amenazas frecuentes que recibía. Desde noviembre, cuando se la vio por última vez, las búsquedas han sido intensas. Se han rastreado bosques y cerros, y los esfuerzos para dar con su paradero continúan a diario en la región de Los Ríos. Esta crónica fue publicada originalmente en Revista Anfibia, y fue escrita por la periodista Natalia Figueroa.
Han pasado más de dos meses desde la desaparición de Julia Chuñil Catricura. La mañana del viernes 8 de noviembre de 2024, una vecina retuvo su última imagen: la mujer de 72 años caminaba hacia un monte con un hacha en la mano, acompañada por su perro Cholito.
Julia vivía sola en su casa y le había comentado a la vecina que tenía extraviados algunos animales y saldría a buscarlos, como parte de sus tareas habituales en el campo. Se dirigía al sector conocido como “Reserva Cora Número Uno-A”, ubicado en la comuna de Máfil, a más de 800 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Ríos. Este predio, de aproximadamente 900 hectáreas, se caracteriza por su abundante bosque nativo y su paisaje de matorrales y cerros. Desde entonces, ni ella ni su perro han regresado.
Este es un territorio preferentemente rural. Dentro de la comuna de Máfil, el 61,68% de la superficie corresponde a bosque de especies nativas, entre ellas el Canelo —un árbol sagrado para la cultura mapuche— el Hualle y la Quila. También hay humedales y ríos en el ecosistema, habitan pumas, jabalíes, liebres y diversos tipos de aves autóctonas.
Julia Chuñil nació en Huichaco, un sector cercano a este territorio, se fue por unos años a la ciudad y retornó al campo. Lideró la recuperación de tierras ancestrales mapuche de la comunidad indígena Putreguel, reconocida por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en 2014. Es madre de cinco hijos y abuela de diez nietos, y es una de las mujeres mapuche más reconocidas en la defensa del territorio del lugar, que hoy se compone por 17 familias.
Su defensa por el territorio de su comunidad le ha valido amenazas y hostigamientos. El acoso no solo se había intensificado en los últimos días, sino que llevaba años ocurriendo porque el predio estaba en disputa con un empresario de la zona, Juan Carlos Morstadt Anwandter, y con la CONADI, que fue demandada por irregularidades en el proceso de entrega de las tierras. Fue entonces cuando la comunidad, presidida por Julia, decidió ocupar el fundo, el cual ya había sido declarado tierra ancestral por la CONADI.
Desde ese momento, en 2018, las amenazas y ataques se hicieron comunes. En la querella que presentó la familia por secuestro, homicidio o femicidio tras su desaparición, se señala que el empresario Morstadt Anwandter habría amenazado a Julia, e incluso habría intentado atropellarla camino al predio, alegando que “no la había visto”. También la habría amenazado diciéndole que “no sacaba nada con ir a la CONADI porque él tenía mucha influencia”.
Julia advirtió a sus familiares y cercanos sobre la situación. Les dijo: “En caso de que llegue a pasarme algo, será culpa de él”. Ahora todo es parte de los antecedentes entregados a Fiscalía para la investigación que mantiene bajo reserva. Hasta la fecha, la CONADI solo ha confirmado que Julia Chuñil desapareció en un territorio que pertenece a un particular no indígena.
—Nosotros presentimos que la vamos a encontrar, porque estamos todos conectados, igual que con ella—, dice su nieta Lyssette Sánchez.
Buscar por cerros y ríos
Máfil es una zona especialmente vulnerable de la región de Los Ríos debido a su alto porcentaje de ruralidad y la elevada población de tercera edad. Por razones de estudio y trabajo, las y los jóvenes suelen emigrar a otras comunas. El sector donde reside Julia Chuñil no tiene acceso a electricidad ni a señal de celular. Se trata de un terreno empinado, con numerosas quebradas, abundante maleza y lluvia frecuente, lo que ha dificultado considerablemente las labores de búsqueda.
Las únicas pistas conocidas hasta ahora son las huellas de un vehículo, algo inusual en el territorio; un bastón que Julia utilizaba y un cojín, encontrados dentro de una casa pequeña abandonada, ubicada a unos dos kilómetros de su hogar, desde donde salió ese viernes 8.
Estas evidencias fueron halladas durante la tarde del primer día de búsqueda, el domingo 10 de noviembre, según relata su hijo, Pablo San Martín Chuñil. Él explica que el lugar es una «mediaguita», un sector utilizado para cortar leña y como refugio ocasional.
—Antes por acá estuvieron deforestando el bosque—, señala.
El lunes 11 de noviembre, tres días después de la desaparición de Julia, su familia presentó una denuncia por presunta desgracia. Cada día, junto a los lugareños, han salido a buscarla. Pablo San Martín explica que, precisamente, son estos últimos quienes mejor conocen el campo, tanto como su madre. Fueron los primeros en señalar que Julia Chuñil había sido sacada de allí. Ellos, dice, son los especialistas en el territorio.
Durante las primeras horas de búsqueda identificaron las huellas que encontraron, y reconocieron que correspondían a una persona, algo que solo alguien con profundo conocimiento del terreno podría distinguir, al igual que Julia. Ella sabía identificar el rastro de un caballo, una vaca o un buey, un conocimiento arraigado en la experiencia del campo. Los lugareños, comenta Pablo, encontraron huellas de una camioneta, amplias y profundas. Sin embargo, la lluvia de esa noche borró el rastro.
—Hemos llegado a la conclusión de que mi mamá no está aquí. Hemos buscado con hasta 80 personas a diario, en caballo, camioneta y motos, con la ayuda de vecinos y lugareños que conocen muy bien el terreno. Ya hemos descartado que esté en esta área—, asegura Pablo San Martín.
Durante las primeras semanas, las búsquedas no tuvieron muchos resultados. Luego, la familia fue contactada por la ONG ambiental Escazú Ahora, que aportó en la gestión de brigadistas para una búsqueda particular y para llegar al Congreso para dar visibilidad al caso. Desde ahí se han dispuesto helicópteros que sobrevuelan la zona de manera permanente. Se empezaron a realizar operativos de búsqueda con aeropolicías, una brigada especializada en búsqueda de personas puesta a disposición por la ONG con buzos, detectores de huesos, perros rastreadores, cámaras térmicas.
Según explica Sol Kötzing, coordinadora de alianzas de Escazú, “lo primero que hicimos fue ir al Congreso para darle la oportunidad a la familia de exponer su caso a más de una docena de diputados, quienes posteriormente oficiaron a las instituciones respectivas para que fortalezcan las labores de búsqueda”.
Defensora de DD.HH
Las historias de las defensoras y los defensores de derechos humanos han estado marcadas por los riesgos que implican sus labores y la falta de garantías para ejercerlas de manera segura.
En la misma región donde vive Julia Chuñil, en 2016, se encontró sin vida en su casa a Macarena Valdés, activista y defensora ambiental. Ella vivía junto a su pareja, Rubén Collío, en la comunidad mapuche Newen Tranguil, ubicada en la precordillera de la región. Este sector estaba amenazado por la instalación de una hidroeléctrica, particularmente en el río Tranguil.
Macarena Valdés fue una de las mujeres que lideró la oposición a su construcción, y por ello sufrió hostigamiento por parte de terceros. Inicialmente, se indicó que la causa de su muerte era el suicidio. Sin embargo, esto fue descartado por su familia, que solicitó nuevos peritajes. Hasta ahora, no se ha determinado quienes podrían haber sido los responsables.
Según la Fundación Escazú Ahora, durante 2023 se registraron en Chile 35 casos de amenazas, que afectaron a 20 personas, de las cuales el 65 por ciento son mujeres. Las agresiones documentadas por la Fundación incluyen amenazas verbales y psicológicas; violencia física e intentos de homicidio; amenazas por correo electrónico y mensajes de texto; invasiones a inmuebles, seguimiento de vehículos y rondas sospechosas; violencia contra animales; amenazas escritas, persecución y falsificación de información.
Estos antecedentes fueron recogidos por el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de 2024. El documento incluye el caso de Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, quien en octubre de 2019 fue víctima de amenazas mientras salía de su casa, cuando sujetos la increparon diciéndole: “por la culpa tuya vamos a quedar sin trabajo, y te vamos a quemar tu casa”.
También las defensoras del derecho humano al agua en la Región de Valparaíso, integrantes del Movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA), han sufrido actos de hostigamiento y amenazas debido a la labor que desempeñan.
Laura Matus, abogada y jefa regional del INDH Los Ríos, explica que hay varias condiciones que tener en consideración frente a la desaparición de Julia Chuñil, quien es una defensora de una zona vulnerable en la región, y parte de un grupo de especial protección al ser activista indígena, mujer y persona mayor.
“Hay una distinción entre ser defensora medioambiental y ser defensora de derechos humanos, esto último es más amplio. Solo por el hecho de hacer reivindicaciones a sus tierras ella se considera defensora de derechos humanos”, afirma Matus.
El fiscal Ángel Valencia ha confirmado la aplicación de un protocolo de búsqueda dirigido a personas defensoras del medioambiente. Es decir, que considere un “estándar más severo y estricto”.
Este protocolo para defensores de derechos humanos no se encontraba vigente al momento de la desaparición de Julia Chuñil. Su ejecución responde a una bajada del Acuerdo de Escazú firmado en marzo de 2022 por el presidente Gabriel Boric, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único del mundo que busca proteger activistas medioambientales. Una vez encendidas las alertas se hicieron las gestiones para darle vigencia a este protocolo, a fines de diciembre.
En el protocolo se especifica que las personas defensoras de derechos humanos “son todas aquellas que individual y colectivamente (asociadas con o sin personalidad jurídica) promuevan, protejan y/o procuren la realización de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, de manera pacífica y sin violencia”. Además, ejemplifica que se entienden dentro de estas acciones, las de “vigilancia, denuncia, difusión, educación en derechos humanos u otras actividades de promoción, protección y realización de los derechos humanos”.
«No queremos una desaparecida más»
“Julia Chuñil, madre, abuela, ¿dónde está?”, se lee en un cartel justo delante del frontis de La Moneda. Congregados frente al Palacio de Gobierno, el miércoles 8 de enero pasado, más de un centenar de personas, entre ellas representantes de organizaciones mapuche, feministas, medioambientales y de derechos humanos, se manifestaron para exigir al gobierno del presidente Gabriel Boric que tome las medidas necesarias para encontrarla.
El caso ha generado tal impacto que ha llevado a entablar diálogos con organismos internacionales. La Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) se reunió con un equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago, incluyendo a la encargada de género, la responsable de pueblos originarios y desapariciones forzadas, así como con Jan Jarab, quien encabeza el proceso en el país, para darle seguimiento al caso.
Justamente, el INDH de Los Ríos ofició a la Fiscalía para recabar antecedentes y determinar si la indagatoria responde a la Guía de Diligencias Investigativas sobre Violencia Institucional, Muertes Potencialmente Ilícitas y Desaparición Forzada de Personas. Se trata de un documento de la Unidad Especializada en DD.HH. de la Fiscalía Nacional, elaborado en agosto de 2024. Esto permitiría determinar si el caso de Julia podría llegar a constituir el delito de desaparición forzada.
Por las exhaustivas búsquedas que se han hecho, la familia espera que se amplíe el rango de la búsqueda en el territorio.
—No queremos que mi mamá sea una desaparecida más en Chile— afirma su hijo Pablo San Martín Chuñil.
La búsqueda de Julia Chuñil se ha convertido en un llamado colectivo a la justicia. Se han activado todas las alertas para buscarla. Su familia, junto a organizaciones sociales y comunidades mapuche, exige respuestas y medidas concretas.