Publicado por Crónica Digital
La preocupación principal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, CCHDH, es instar por el término de la represión “como condición esencial y necesaria para abrir un camino a la paz social”, manifestó el presidente de la institución, Carlos Margotta, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, invitado el 8 de octubre, con el objeto de exponer las deudas pendientes, a un año del “estallido social” en materia de verdad, justicia, y garantías de no repetición.“Creemos que la política de violación masiva, grave y sistemática a los derechos humanos implementada por el Gobierno para enfrentar y neutralizar el legítimo ejercicio a la protesta social a partir de octubre pasado, no ha terminado y aún no comenzamos ese tránsito hacia la paz social”, puntualizó, al citar la grave situación vivida en el Puente Pío Nono.En la oportunidad, el abogado Carlos Margotta detalló el rol de la CCHDH, organismo de la sociedad civil, poniendo particular énfasis “en su defensa a las víctimas de la represión desatada a partir del 18 de octubre”.Al respecto, puntualizó que en estos doce meses la CCHDH interpuso 42 querellas, asumió la defensa de 10 presos políticos, y prestó asistencia psicológica a las víctimas y sus familiares, a través de un equipo voluntario de psicólogos creado para tales efectos.De igual forma, informó que se hicieron 4 presentaciones a la Corte Suprema, 20 denuncias a la Contraloría General de la República, 65 solicitudes de acceso a la información al Consejo para la Transparencia, y 3 amparos ante el mismo organismo.“Además, para obtener el debido amparo a las víctimas, se recurrió a distintos órganos de sistema de protección internacional de los derechos humanos”, puntualizó Carlos Margotta, al mencionar una solicitud de medidas cautelares presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en favor de 284 defensores y defensoras de derechos humanos de distintas organizaciones de la sociedad civil “por amenazas a su libertad personal e integridad física”.El presidente de la CCHDH fue enfático en informar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que “esta conducta hostil, se sigue repitiendo en las unidades policiales y centros de salud, cuando nuestros defensores de derechos humanos ejercen su función de asistencia a las víctimas y sus familiares”.También se refirió a la denuncia presentada ante la Relatoría Especial de ONU sobre la independencia de Magistrados y abogados en el caso del Juez Daniel Urrutia, cuando se inició un sumario administrativo por haber decretado el cambio de medida cautelar a 13 presos políticos, de prisión preventiva a arresto domiciliario total.De igual forma, mencionó la denuncia presentada “por iniciativas gubernamentales de indulto a criminales de lesa humanidad, ante la Relatoría de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y una carta denuncia ante ACNUDH por el intento del Gobierno de hacer retornar al trabajo presencial a los funcionarios públicos en el mes de abril”.“Seguiremos recurriendo al sistema de protección internacional de derechos humanos hasta obtener justicia para las víctimas y sanción a los responsables”, enfatizó.Respecto de la situación de derechos humanos en el marco de la crisis Covid-19, Carlos Margotta, informó que se interpuso una querella contra las autoridades sanitarias “por su estrategia fallida y negligente para enfrentar la pandemia, poniendo en grave riesgo la vida y la salud de los chilenos y chilenas”.Carlos Margotta cerró su extensa intervención ante la comisión del Senado, manifestando la urgencia de que la institucionalidad incorpore la figura del Defensor del Pueblo, y otorgue al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, la necesaria autonomía de los Poderes del Estado.“Esperamos que el proceso constituyente en curso, sirva para sentar las bases de una cultura de Nunca Más, a la vez que establezca normativamente los cimientos de una democracia verdadera, aquella fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de realizar plenamente la dignidad humana”, concluyó.
Santiago de Chile, 10 de octubre 2020
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