Por Fernando Bahamonde, profesor.
La Prensa Austral ha destacado durante dos días consecutivos hechos de violencia protagonizado por jóvenes en el Mall Espacio Urbano de la ciudad de Punta Arenas.
Riñas, consumo y sexo dentro y fuera del Mall que ha motivado mesas de trabajo y coordinaciones entre el municipio y carabineros con rimbombantes declaraciones que visibilizan una problemática desde la parcial perspectiva de la seguridad pública carente del carácter preventivo y comunitario que el tema requiere.
Cabe hacerse algunas preguntas como quiénes son, de dónde vienen y qué quieren estos jóvenes. Tal vez, quien más se acercó a algún tipo identificación fue el mayor de Carabineros Sergio Castellón que declaró: “Tenemos una gran cantidad de menores que provienen de residencias también, que se reúnen en estos horarios que ya logramos establecer en conjunto con la municipalidad y personal del mall”.
Para la encargada de seguridad ciudadana (S) del municipio el tema se aborda con mayor frecuencia de patrullajes en el sector y coordinándose con la administración del Mall. El concejal Germán Flores se limita a horrizarse y dar cuenta de la situación sin tener un diagnóstico real de la situación.
Germán Flores, que lleva más de una década como concejal de la comuna de Punta Arenas, jamás fiscalizó el uso de recursos públicos en la educación municipal-pública que generó una gigantesca deuda que hasta el día de hoy afecta en sus derechos a las y los hijos de la educación pública. Hoy sus declaraciones demuestran que está dispuesto aplicar fuerza con los débiles (las y los jóvenes) y muestra debilidad con los fuertes, lo indica su obsecuencia con los alcaldes de turno, en especial con Claudio Radonich.
En efecto, habrá mayor presencia de carabineros, seguridad pública municipal y coordinaciones con la administración del centro comercial. Sin embargo, no se ataca el problema real que genera la presencia de las y los jóvenes en el espacio público y privado. Finalmente, estos buscaran otra locación en la ciudad para socializar.
Los hijos e hijas de la educación pública enfrentan a la sociedad porque no los integra y menos los incluye, intentando construir otra sociedad, la de ellos. Generando otras formas de sociabilización, con otros códigos de conducta e, incluso, con otro lenguaje ininteligible para los adultos. Se visten y peinan de manera semejante, todos estos elementos culturales no son descifrados ni entendidos por las instituciones formales que se encuentran permeadas por el supuesto de un deber ser social meritocrático desde una mirada adulto centrista.
Enfrentados a la desestructuración de las instituciones formales como familia tradicional, escuela, clubes deportivos, juntas de vecinos y partidos políticos, con ello, se han clausurado los espacios de participación y reconocimiento social para ellos. Hoy circunstancialmente van al Mall y a la Zona Franca en una ciudad que ofrece pocos o nulos espacios públicos para niños, niñas y jóvenes.
En rigor el Mall y Zona Franca son espacios de consumo que se confunden con el verdadero sentido del espacio público como instrumento de integración social. Las y los hijos de la educación pública estorban el consumo, son una molestia.
La integración social, en la sociedad que vivimos, está determinada políticamente a los 18 años por el derecho a voto, pero sin voz. Y, una segunda integración, es cuando el individuo comienza a consumir ingresando al mercado donde es “sujeto de derecho” al poder acceder al plástico del endeudamiento.
La promesa educativa para las y los hijos de la educación pública se fundamentó en la idea del mérito para el ascenso social. Mientras mayor esfuerzo y trabajo se empeñe en la vida mayor serían los logros sociales que se podrían alcanzar. Sin embargo, viven cotidianamente la violencia en una escuela que los integra, pero no los incluye como sujetos de derecho en su diversidad. Y los excluye, institucionalmente, al no abrirse las escuelas y liceos después de clases o los fines de semana, o con la aplicación de leyes como el aula segura.
Las y los hijos de la educación pública, viven la violencia en sus poblaciones al no tener acceso al transporte público en Punta Arenas. Ven a sus madres correr en la lluvia y la nieve detrás de la micro con sus hermanos menores para ir a la escuela. Porque si el niño o la niña no va a la escuela ellas no pueden trabajar y ellos, de 13 o 14 años, se transformarán en cuidadores de menores.
Ellos ven que sus abuelos y abuelas reciben pensiones de miseria y hasta pueden morirse en la lista de espera del hospital. Los padres y madres, muy ausentes (cuando existen) porque hay que trabajar muchas horas por un sueldo que no alcanza. Y por más que trabajaron y se esforzaron en la vida los abuelos y los padres viven en una condición que ellos repudian. Es eso lo que viven las y los hijos de la educación pública, un mundo sin mérito.
Cómo se les puede exigir el cumplimiento de normas y deberes a alguien que jamás ha ejercido derechos y que no posee ninguna noción de futuro. Ese alguien son las y los hijos de la educación pública de escuelas y liceos que los adiestran en normas obsoletas relativas al pelo o al uniforme y pruebas estandarizadas.
Ellos son invisibles en la escuela y para la educación pública, que luego de semanas de movilización de las y los docentes, sólo son mencionados como un mecanismo de presión para el regreso a las aulas. Jamás en la escuela escucharon eso llamado democracia o ciudadanía. Viven el día a día, en un devenir rápido lleno de incertidumbre donde el sentido de pertenencia e identidad son los iguales y el tener el celular, las zapatillas y el jeans. Sólo son visibles para la ciudad cuando entorpecen el ingreso al espacio de consumo. Ellos son las y los hijos de la educación pública, una educación pública en Magallanes que tampoco los quiere porque para tecnócratas y administrativos son únicamente un número o un porcentaje.