
La Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre
Envejecimiento y Vejez (RED CORV), es una organización de la sociedad civil, que trabaja por la promoción,
defensa y respeto de los derechos humanos de las personas mayores en la Región, emite el presente
pronunciamiento.
La RED CORV expresa su profunda preocupación, desaprobación y repudio ante los reiterados atropellos a
los derechos humanos de las personas mayores en Argentina, particularmente en el contexto de recientes
medidas de fuerza y represión ejercida por las autoridades. Acciones que vulneran principios fundamentales
consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino.
Rechazamos enérgicamente la disposición emitida por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina,
encabezado por la Sra. Patricia Bullrich, persona mayor que ocupa dicho cargo. Esta medida ha derivado en
tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de los jubilados argentinos, quienes han sido víctimas de
violencia estructural e institucional, sin justificación alguna. Consideramos que esta acción representa una
grave vulneración a los derechos de las personas mayores y exige una respuesta inmediata por parte de los
organismos de derechos humanos a nivel regional e internacional.
Se ha verificado que, en distintos operativos y procedimientos de control, las fuerzas del orden han incurrido
en tratos que pueden ser calificados como arbitrarios, desproporcionados y contrarios a la obligación estatal
de garantizar un entorno seguro y digno para las personas mayores. Estas acciones incluyen el uso excesivo
de la fuerza, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos sin garantías suficientes y la falta de atención
adecuada a las condiciones de salud de las personas mayores afectadas.
Asimismo, la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones pacíficas en las que
participan personas mayores constituyen un grave retroceso en la protección de los derechos de este grupo
poblacional, generando un efecto intimidatorio y limitando su ejercicio de libertades fundamentales como la
expresión y la participación ciudadana.
En este sentido, es imperativo que las autoridades competentes en Argentina adopten medidas urgentes
para garantizar la protección de la integridad personal y libertad de expresión de las personas mayores;
así como la atención y resolución prioritaria de las demandas y necesidades legitimas que han llevado a
estas personas a reclamar por un enfoque diferenciado que proteja la dignidad y los derechos de las
personas adultas mayores.
Por lo expuesto, la RED CORV exhorta a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Fiscalía
General de Argentina y a las instituciones responsables de la seguridad y el orden público a aplicar los
estándares nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos de las personas mayores,
asegurando que no se utilice el derecho penal ni el uso de la fuerza de manera arbitraria en contra de este
grupo de atención prioritaria.