La decisión del gobierno de expropiar la Colonia Dignidad es un camino sin retorno, y su avance puede ser considerado como el inicio de una nueva etapa en las luchas por la verdad, la justicia y la memoria de los crímenes de las violaciones a los derechos humanos allí cometidas.
En abril se cumplirán 15 años de la muerte de Paul Schäfer en la cárcel, donde sirvió una mínima parte de la condena que le impuso la justicia chilena en 2006 por abusos sexuales contra niños chilenos.
El coraje de esos niños y sus familias, junto con autoridades y funcionarios públicos que no se dejaron corromper por las prácticas de cooptación que -desde su instalación en Chile a inicios de la década del 60- la Colonia Dignidad ejercía sobre diversos actores e instituciones, logró llevar a Shaffer y otros jerarcas ante la justicia.
Las autoridades chilenas siempre supieron que Schäfer y los jerarcas de la Colonia Dignidad sometían al resto a un régimen de esclavitud fundado en la fe, que habían cometido delitos en Alemania, y los continuaban cometiendo en suelo chileno. Las denuncias de las pocas personas que lograron salir del enclave en distintos momentos, fueron ignoradas por el Estado chileno hasta el final de la dictadura.
Los campesinos, expulsados por la Colonia de los asentamientos en que habitaban, nunca fueron tomados en cuenta, y los niños de los alrededores que se atrevieron a denunciar los abusos padecidos, fueron amedrentados.
No es sorprendente que la dictadura haya confabulado una colaboración tan efectiva y eficiente con la Colonia Dignidad, con el propósito de torturar, asesinar y hacer desparecer a militantes de partidos de izquierda y dirigentes sociales, pues ambas comulgaban con el anticomunismo que se fortaleció en Chile y en América Latina con la Doctrina de Seguridad Nacional.
Los delitos y crímenes cometidos por integrantes del enclave alemán son variados, y el proceso de reconocimiento de ellos por parte de quienes hoy controlan el día a día de la actual Villa Baviera, ha sido limitado.
A la vez, los intentos tanto del Estado chileno como del alemán por “integrarlos” a la sociedad chilena han sido erráticos. No han logrado comprender el alcance del daño que tiene para las víctimas que la ex Colonia Dignidad siga existiendo, ahora como un “atractivo turístico”.
En 2016 Frank-Walter Steinmeier, actual presidente de la República Federal de Alemania, y en visita a Chile por estos días, admitió que la diplomacia alemana en su momento no había hecho lo suficiente para ayudar a las víctimas. Luego, en 2017, se constituyó una Comisión mixta entre los Estados chileno y alemán para abordar el tratamiento del pasado, incluyendo el sitio de memoria y la documentación, así como para efectuar un diagnóstico de los activos, sociedades y empresas surgidas de la ex Colonia Dignidad.
Pero, insólitamente, se recurrió al secretismo para evitar que la sociedad civil chilena pudiera conocer las discusiones, avances y decisiones que se tomaban, ya que posteriormente la parte alemana solicitó reserva de las actas de la Comisión, siendo aceptado por la Cancillería de entonces.
La aceptación de este tipo de condiciones fue inédita en los procesos de memorialización en Chile, devaluando y ofendiendo las luchas por la verdad, la justicia y la memoria que han liderado las agrupaciones de familiares, de sobrevivientes, y las organizaciones de memoria y derechos humanos, no sólo en nuestro país, sino en el Cono sur.
En este contexto, el anuncio de expropiación de parte de la Colonia Dignidad incluido en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric en junio de 2024 –y cuyo inicio ha sido anunciado hoy, lunes 3 de marzo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, marca una importante inflexión en la forma como se venía conduciendo el Ejecutivo en su relación con el Estado alemán que, al parecer, buscaba darle continuidad al enclave bajo la conducción de una minoría de hijos e hijas de los antiguos jerarcas, quienes insisten en mantener su vida y propiedad del lugar.
Mientras que los demás colonos, que no tienen medios para rehacer sus vidas fuera de él, esperan que las más de 15 sociedades comerciales de las que son accionistas, pero que ese reducido grupo controla, aporten las utilidades prometidas, en lo que parece ser una nueva forma de sometimiento defendida con costosos abogados y asesores comunicacionales.
Es por eso que la ratificación de la expropiación representa una nueva etapa en la soberanía nacional y la justicia transicional, que quiebra el poder que continúa teniendo la Colonia Dignidad, y que evidentemente no se limita a Chile.
En Alemania el enclave disponía de una importante red de apoyo, que incluso hizo posible el asentamiento en ese país de los jerarcas fugados tras el inicio de los procesos judiciales contra Paul Schäfer luego de 1997, y que recibieron el amparo del Estado alemán, siendo el caso más escandaloso el de Harmut Hopp condenado en Chile, pero en libertad en Alemania.
Tomar posesión y permitir el acceso al espacio que hoy es Monumento Nacional, y que es testimonio de múltiples sufrimientos para quienes allí habitaron o permanecieron secuestrados, fueron torturados, asesinados y desaparecidos, es una obligación del Estado chileno hacia las víctimas y la sociedad, y no debe ser entorpecida por los intereses de otros Estados.
La decisión del gobierno de expropiar la Colonia Dignidad es un camino sin retorno, y su avance puede ser considerado como el inicio de una nueva etapa en las luchas por la verdad, la justicia y la memoria de los crímenes de las violaciones a los derechos humanos allí cometidas.
Por Osvaldo Torres
Director Ejecutivo Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos