Ante el contundente triunfo de la opción Apruebo y Convención Constitucional en el plebiscito del 25 de Octubre, es evidente que la voluntad popular demanda cambios profundos, concretos y permanentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
La ausencia de justicia para los sectores populares, ha sido parte del diseño
neoliberal que nos agobia y en contrapartida, la descarada acción de la justicia a favor de delincuentes de cuello y corbata, de familiares y amigos de influyentes políticos, empresarios y miembros de la oligarquía nacional, son pan de cada día. Así lo constata el pueblo de Chile.
Caminar hoy hacia una nueva Constitución Política de la República es el logro del pueblo chileno, sin haber contado en ello con el apoyo de instituciones públicas, las que por el contrario, son mandatadas por el poder estatal para actuar permanentemente en contra de los más débiles. Este avance, sin duda,
es mérito de la sociedad organizada y movilizada. Sociedad cansada del abuso y la exclusión.
Así las cosas, hoy vastos sectores políticos apoyan la idea de legislar a favor de reparación a las víctimas de la violencia estatal en el último año de furia de la derecha chilena. Además, cada vez son más los que se suman a la idea de aprobar una amnistía o indulto a las y los presos políticos de la derecha.
En Magallanes hace unos días se liberó a un preso político, que tras meses de cautiverio recuperó su libertad, desestimando las afiebradas pretensiones de la Fiscalía. ¿Quién responde por ese daño?
Hoy se mantiene en cautiverio a un joven estudiante universitario que cursa su último año de ingeniería, joven del cual sólo hay buenas referencias y antecedentes anteriores intachables, sobre el cual , según declara su abogado defensor, recaen acusaciones carentes de pruebas. Es detenido en enero 2020 por hechos ocurridos en noviembre de 2019, esto porque de acuerdo a lo instruido por el fiscal a cargo, la PDI buscaba un sujeto de entre 20 y 30 años que fuera portador de guantes rojos, zapatillas blancas, mochila y chaqueta
negra. ¡Cómo si esas no fueran características comunes a muchos de nuestros jóvenes!.
Nos parece evidente que el empeño de la Fiscalía, el Tribunal de Garantía, la PDI, el Servicio Médico Legal y otras reparticiones del Ministerio de Justicia en Magallanes, únicamente es encontrar culpables, cueste lo que cueste, así sea que se trunque la vida de un joven inocente.
En otro sentido, hoy existen 26 querellas presentadas por el Instituto de
Derechos Humanos en Magallanes:
- 20 de estas querellas son por apremios.
- 2 por torturas.
- 4 por abusos a particulares.
- 20 de estas querellas son en contra de Carabineros de Chile.
- 1 en contra del Ejército
- 1 en contra de la PDI.
A más de un año de ocurridos los hechos, no existe en Magallanes ni un solo formalizado y las 29 víctimas siguen esperando.
Lo expuesto, son hechos concretos. No hay justicia para el ciudadano común.
No hay sanciones para agentes del Estado que abusaron, apremiaron y
torturaron a ciudadanas y ciudadanos magallánicos por protestar.
A un año de ocurridos los hechos, solo hay un detenido, un preso que cumplirá 10 meses en cautiverio, sin que haya pruebas y por el sólo hecho de vestir como miles de jóvenes magallánicos.
Así caminamos a la nueva Constitución. Y no podemos concebir un proceso constituyente con presos políticos, encerrados por ejercer su legítimo derecho a la protesta social y expresar los justos anhelos del pueblo.
El pueblo no debe dejar de manifestarse, no debe desmovilizarse, hoy al igual que hace décadas, seguimos viviendo abusos y atropellos que deben cambiar.
La nueva Constitución es solo una parte del camino.
¡Arriba los que luchan!
¡Libertad a los presos de la rebelión popular!
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
REGIONAL MAGALLANES
Punta Arenas, 4