Una denuncia penal fue presentada contra la empresa Pesca Chile, responsable del buque Antarctic Endeavour, tras la captura y muerte accidental de una ballena jorobada en aguas cercanas a las Islas Orcadas del Sur. La tripulación halló al cetáceo atrapado en la red durante la operación pesquera. El hecho podría derivar en penas de hasta 10 años de prisión para los responsables y sanciones contra la empresa.
Una grave denuncia ambiental sacude al sector pesquero chileno y reaviva el debate sobre los impactos de las actividades industriales en los ecosistemas marinos del Cono Sur. Un buque arrastrero de la empresa Pesca Chile fue denunciado penalmente por la captura y muerte accidental de una ballena jorobada, durante operaciones de pesca de krill en el área de las Islas Orcadas del Sur, en aguas del Océano Austral.
El trágico episodio ocurrió el 25 de marzo pasado, cuando el buque Antarctic Endeavour, con base en Punta Arenas, realizaba el lance N°8 de la segunda marea de la temporada 2025. Según el relato contenido en la denuncia, que publicó La Prensa Austral, un tripulante advirtió la presencia de una ballena interactuando con la red. Horas más tarde, al subir el copo, la tripulación encontró el cuerpo sin vida del cetáceo. El ejemplar, estimado en 10 metros de largo, presentaba rastros de sangrado en la mandíbula y restos de krill en los pliegues ventrales, lo que indicaría su reciente alimentación.
La directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), María Tapia Almonacid, presentó una denuncia formal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, invocando el artículo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que prohíbe la caza o muerte de cetáceos en cualquier circunstancia. El hecho también fue notificado al Instituto Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se remitieron las pruebas fotográficas del suceso.
La acción penal fue dirigida contra Pesca Chile S.A., armadora del Antarctic Endeavour; contra su patrón, Stanley Dennett Morales, y contra todos los responsables directos o indirectos de lo que podría configurarse como un delito ambiental grave.
En términos legales, el artículo citado establece penas de presidio mayor en su grado mínimo, lo que equivale a penas de entre 5 y 10 años de cárcel, además de sanciones administrativas y el comiso de bienes vinculados a la infracción. También se invocó la Ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos ambientales y económicos, lo que podría comprometer directamente a la empresa.
Reacción institucional e inicio de investigación
Este lunes, el juez Ricardo Herrera ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, que ya ha sido notificado del caso. Se solicitó que la investigación sea asumida por la Brigada Investigadora de Delitos de Medio Ambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI), dada la gravedad del delito y su repercusión ambiental.
La denuncia de Sernapesca indica que, pese a que se trató de una captura incidental, la operación del buque continuó de forma regular, sin activar protocolos de emergencia o mitigación. El cuerpo de la ballena fue devuelto al mar, pero el registro fotográfico y los testimonios de la tripulación fueron claves para avanzar en la denuncia.
Buque pesquero chileno mató a una ballena jorobada en faena de krill
Una denuncia penal fue presentada contra la empresa Pesca Chile, responsable del buque Antarctic Endeavour, tras la captura y muerte accidental de una ballena jorobada en aguas cercanas a las Islas Orcadas del Sur. La tripulación halló al cetáceo atrapado en la red durante la operación pesquera. El hecho podría derivar en penas de hasta 10 años de prisión para los responsables y sanciones contra la empresa.
Por La Opinión Austral|16 de abril 2025 · 12:53 hs.
Escuchá la noticiaEscuchá la noticia
Una grave denuncia ambiental sacude al sector pesquero chileno y reaviva el debate sobre los impactos de las actividades industriales en los ecosistemas marinos del Cono Sur. Un buque arrastrero de la empresa Pesca Chile fue denunciado penalmente por la captura y muerte accidental de una ballena jorobada, durante operaciones de pesca de krill en el área de las Islas Orcadas del Sur, en aguas del Océano Austral.
El trágico episodio ocurrió el 25 de marzo pasado, cuando el buque Antarctic Endeavour, con base en Punta Arenas, realizaba el lance N°8 de la segunda marea de la temporada 2025. Según el relato contenido en la denuncia, que publicó La Prensa Austral, un tripulante advirtió la presencia de una ballena interactuando con la red. Horas más tarde, al subir el copo, la tripulación encontró el cuerpo sin vida del cetáceo. El ejemplar, estimado en 10 metros de largo, presentaba rastros de sangrado en la mandíbula y restos de krill en los pliegues ventrales, lo que indicaría su reciente alimentación.
Denuncia penal por delito ambiental
La directora nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), María Tapia Almonacid, presentó una denuncia formal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, invocando el artículo 135 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que prohíbe la caza o muerte de cetáceos en cualquier circunstancia. El hecho también fue notificado al Instituto Antártico del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde se remitieron las pruebas fotográficas del suceso.
La acción penal fue dirigida contra Pesca Chile S.A., armadora del Antarctic Endeavour; contra su patrón, Stanley Dennett Morales, y contra todos los responsables directos o indirectos de lo que podría configurarse como un delito ambiental grave.
En términos legales, el artículo citado establece penas de presidio mayor en su grado mínimo, lo que equivale a penas de entre 5 y 10 años de cárcel, además de sanciones administrativas y el comiso de bienes vinculados a la infracción. También se invocó la Ley 20.393, que regula la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos ambientales y económicos, lo que podría comprometer directamente a la empresa.
Reacción institucional e inicio de investigación
Este lunes, el juez Ricardo Herrera ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, que ya ha sido notificado del caso. Se solicitó que la investigación sea asumida por la Brigada Investigadora de Delitos de Medio Ambiente (Bidema) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), dada la gravedad del delito y su repercusión ambiental.
La denuncia de Sernapesca indica que, pese a que se trató de una captura incidental, la operación del buque continuó de forma regular, sin activar protocolos de emergencia o mitigación. El cuerpo de la ballena fue devuelto al mar, pero el registro fotográfico y los testimonios de la tripulación fueron claves para avanzar en la denuncia.
Un historial preocupante: Chile lidera mortalidad por colisiones
Este caso se suma a un historial alarmante de muertes de cetáceos en aguas chilenas. Una investigación del Centro Ideal reveló que entre 1972 y 2023 se registraron 226 ballenas muertas en las costas del país. En los últimos 12 años, cuando se comenzó a aplicar necropsias de forma sistemática, Chile lidera a nivel mundial la mortalidad de ballenas por colisión con embarcaciones, con un promedio de cinco casos fatales por año.
Del total de muertes registradas, el 28% se atribuye directamente a colisiones con buques, el 7% a enmallamientos con redes y el 3% a causas naturales. El 62% restante permanece sin causa determinada, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la fiscalización, mejorar los protocolos de pesca y promover la conservación de especies protegidas como la ballena jorobada.
Impacto en la fauna marina y exigencias ambientales
La muerte de este cetáceo reabre la discusión sobre la sostenibilidad de la pesca industrial, especialmente en regiones frágiles como la Antártida y sus alrededores. La ballena jorobada es una especie protegida internacionalmente, y su interacción con redes de pesca representa una amenaza creciente debido al aumento de flotas pesqueras que operan en áreas tradicionalmente habitadas por estos animales.
Organizaciones ambientalistas y científicos han pedido medidas más estrictas de control y mitigación, como el uso de dispositivos disuasorios, restricciones zonales y monitoreo satelital de las operaciones. Asimismo, exigen que los protocolos de captura incidental sean aplicados de manera rigurosa y con consecuencias reales ante el incumplimiento.